En Honduras, el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua desarrollado por la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA) ha generado fricciones con la comunidad indígena lenca de Sazagua, ubicada en el departamento de La Paz. De acuerdo con diversas denuncias, la obra se levantó sobre terrenos que originalmente estaban destinados a la reforma agraria, los cuales habrían sido adquiridos de forma irregular y con precios notablemente inflados.
Los habitantes de Sazagua afirman que la hidroeléctrica se levantó sin que mediara su consentimiento, tal como lo establece el derecho a una consulta previa, libre e informada. El origen del conflicto se sitúa en 2009, cuando varios integrantes de la comunidad detectaron maquinaria operando en sus terrenos sin acuerdos establecidos. José Portillo, uno de los perjudicados, indicó que su familia fue objeto de intimidaciones por parte de la empresa tras intentar reclamar la propiedad de sus tierras. Tanto él como sus familiares afrontan hoy procesos legales por supuesta usurpación, mientras la empresa mantiene sus operaciones.
Las tierras utilizadas para el proyecto incluyen terrenos protegidos bajo la Ley de Reforma Agraria, que prohíbe su venta o uso para fines distintos a los agrícolas. Documentos oficiales indican que CECA adquirió propiedades al otro lado del río Sazagua a precios miles de veces superiores a su valor original. Además, el exalcalde de Santiago de Puringla, Javier Argueta Turcios, entregó 45 manzanas de dominio pleno a la empresa sin consultar a la población afectada, lo que ha sido calificado como otra irregularidad.
El impacto ambiental resulta igualmente preocupante. La comunidad señala que el desvío del río Sazagua ha deteriorado la biodiversidad, contaminado el recurso hídrico y limitado el acceso a este elemento esencial. A ello se suma que las promesas iniciales de empleo y progreso social jamás se concretaron, lo que ha profundizado la pobreza y ampliado la desigualdad en la zona.
Las irregularidades vinculadas con este proyecto también alcanzaron a la Secretaría de Recursos Naturales (Serna). En 2015, la institución sancionó a CECA por alterar de forma ilegal la capacidad de generación de la hidroeléctrica, incrementándola de 7.3 a 9.6 megavatios de potencia sin tramitar una nueva licencia ambiental. Aunque la sanción fue simbólica, el proyecto continuó en funcionamiento y siguió aportando beneficios a la empresa.
El caso de Puringla-Sazagua no es único en Honduras. Diversos proyectos extractivistas se han implementado en tierras indígenas y campesinas, generando conflictos sociales y ambientales. A pesar de las denuncias locales y los informes sobre violaciones a derechos, las instituciones estatales no han priorizado soluciones que protejan a las comunidades afectadas.
Este proyecto es un reflejo de las desigualdades y tensiones históricas en el país, donde las promesas de desarrollo han sido utilizadas para beneficiar a pocos, dejando a la mayoría en situaciones de vulnerabilidad y desplazamientos forzados.
Fuente: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/11/18/hidroelectrica-construida-irregularmente-en-tierras-de-la-reforma-agraria-amenaza-a-comunidad-indigena-en-honduras/])
