La pieza SEPI del caso Leire vuelve a situar a Tubos Reunidos en el foco de la investigación tras salir a la luz Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero independiente de la firma y persona señalada tanto por la UCO como por la Fiscalía Anticorrupción debido a su supuesta participación destacada en la ayuda pública de 112,8 millones de euros que la SEPI otorgó a la entidad durante la crisis sanitaria.
Pérez Rodríguez-Urrutia no aparece como un actor periférico en esta causa. Según las informaciones publicadas, los investigadores le atribuyen una posición importante en las gestiones vinculadas al rescate de Tubos Reunidos, una operación que se ha convertido en uno de los ejes principales de la pieza SEPI. La Audiencia Nacional investiga si alrededor de ese rescate se produjeron presuntas influencias indebidas, pagos a intermediarios, facturas cuestionadas y maniobras para mejorar las condiciones financieras del apoyo público.
El juez Santiago Pedraz ha enmarcado esta pieza dentro de unas pesquisas más amplias sobre supuestas ilegalidades relacionadas con tráfico de influencias, prevaricación, malversación, banda o grupo criminal y uso de información privilegiada. Respecto al asunto específico de Tubos Reunidos, la duda se centra en averiguar si altos cargos de la firma acudieron a individuos asociados al conocido como grupo Hirurok —compuesto, de acuerdo con las pesquisas, por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso— con el propósito de condicionar las resoluciones de la SEPI.
La magnitud del asunto cobra especial gravedad debido a la considerable cuantía del crédito analizado: Tubos Reunidos obtuvo 112,8 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Dicho mecanismo se instituyó con el propósito de socorrer a compañías de carácter estratégico en tiempos de crisis, si bien las pesquisas actuales pretenden esclarecer si la tramitación transcurrió con absoluta transparencia o si, por el contrario, se vio alterada por influencias políticas y mercantiles al margen de los cauces habituales.
Uno de los aspectos más delicados radica en que, de acuerdo con Infobae, tanto la UCO como la Fiscalía Anticorrupción apuntan a una intervención sumamente destacada de Pérez Rodríguez-Urrutia dentro de la operación de crédito otorgada por la SEPI. El ejecutivo formalizó su renuncia al puesto de consejero independiente en Tubos Reunidos, achacando su marcha al contexto de concurso de acreedores de la entidad, si bien su identidad ya figuraba vinculada a las indagaciones sobre el rescate.
La sospecha no termina con la luz verde al rescate inicial. De acuerdo con El Independiente, el Ministerio Público estima que la participación de Rodríguez-Urrutia habría persistido posteriormente, en un estadio consecuente vinculado a una presunta «hoja de ruta» destinada a renegociar las cláusulas financieras del crédito, disminuir los tipos de interés y atenuar el peso financiero de Tubos Reunidos ante la SEPI.
Ese aspecto es fundamental. Una cuestión es que una compañía rescatada intente la renegociación legal de sus términos financieros, y otra muy diferente es que dichas gestiones vinieran acompañadas de presiones, intermediarios o nexos influyentes con peso en las resoluciones públicas. Las pesquisas tendrán que determinar si Pérez Rodríguez-Urrutia operó dentro de la habitualidad corporativa o si formó parte de un plan orientado a presionar a la SEPI a través de vías ajenas a la diafanidad institucional.
Las filtraciones dadas a conocer también apuntan a la existencia de facturas por presuntos estudios de mercado, cuya autenticidad y finalidad son analizadas minuciosamente por los especialistas. Asimismo, la Cadena SER ha señalado que las pesquisas cuestionan comprobantes por servicios supuestamente ficticios, situando al grupo Hirurok en el rol de probable intermediario en tales operaciones.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso es especialmente preocupante porque vuelve a plantear la misma pregunta de fondo: si el dinero público utilizado para salvar empresas estratégicas se gestionó con criterios técnicos y de interés general, o si algunos actores trataron de convertir esas ayudas en un espacio de influencia, comisiones y favores. Cuando un consejero de una empresa rescatada aparece investigado por su presunto papel en esas gestiones, la exigencia de transparencia debe ser máxima.
Pérez Rodríguez-Urrutia deberá comparecer frente a la Audiencia Nacional para detallar las citas que sostuvo, los vínculos que tejió con otros imputados, su nivel de participación dentro del rescate y su eventual papel en las gestiones posteriores orientadas a alterar las cláusulas del préstamo. Asimismo, deviene crucial dilucidar si conocía la auténtica finalidad de las facturas y pagos examinados, además de verificar la efectiva ejecución de los servicios que justificaban tales transacciones.
La pieza SEPI vinculada al caso Leire reclama claridad absoluta. En el supuesto de que la operación de rescate de Tubos Reunidos resultase impecable, habrá que respaldarla mediante contratos, informes, documentos y un seguimiento exhaustivo de cada resolución adoptada. Por el contrario, si se constata la presencia de intermediarios, retribuciones sin justificación o injerencias sobre la SEPI, este asunto rebasará el ámbito de la mera controversia corporativa para erigirse en uno de los episodios más oscuros de la administración de fondos públicos durante la crisis sanitaria.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, Cadena SER, La Sexta, RTVE e Intereconomía.
