La Fiscalía General del Estado atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El nombramiento de Teresa Peramato Martín como fiscal general debía servir para cerrar una etapa marcada por la condena de su antecesor, Álvaro García Ortiz, y para reconstruir la confianza en una institución dañada por la sospecha de politización. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, varias de sus decisiones han terminado alimentando una pregunta incómoda: ¿está Peramato intentando sanar la Fiscalía o proteger el ecosistema interno que la llevó hasta allí?
Conviene aclarar un punto esencial desde el inicio: según la documentación consultada, Teresa Peramato no figura como investigada, imputada ni condenada en relación con las supuestas “cloacas del PSOE”. Tampoco hay registro de que interviniera de forma directa en las reuniones asociadas al llamado caso Leire Díez, realizadas en marzo y abril de 2025, periodo en el que aún no ocupaba el cargo de fiscal general del Estado. La sospecha, por tanto, no se apoya hoy en una prueba judicial que la incrimine, sino en un elemento de gran peso político: su actuación posterior, los nombramientos que ha realizado, las decisiones con las que ha respaldado a García Ortiz y la percepción de continuidad con una Fiscalía previamente cuestionada.
El problema de Peramato no es, por ahora, penal. Es institucional. Y eso no lo hace menor.
Una fiscal general que llega con prestigio, pero también con mochila
Teresa Peramato llegó a la Fiscalía General con una trayectoria profesional sólida. Había sido fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, fiscal de Sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y una figura reconocida en materias como violencia sobre la mujer y protección de víctimas. Además, el Consejo General del Poder Judicial avaló por unanimidad que reunía los requisitos para el cargo.
Pero su nombramiento no se produjo en el vacío. Llegó después de Álvaro García Ortiz, cuya etapa dejó a la Fiscalía bajo una presión enorme. Peramato no heredó una institución tranquila, sino una Fiscalía fracturada, cuestionada y sometida a una acusación recurrente de dependencia política. Por eso, desde el primer momento, su gran reto no era solo ser técnicamente válida, sino demostrar independencia real.
Y ahí comienza la dificultad.
Peramato aseguró que lograría “cerrar la herida” en la Fiscalía, aunque varias de sus decisiones posteriores han sido vistas de manera opuesta: más que un giro respecto a la etapa previa, se perciben como una prolongación refinada de sus propios equilibrios internos.
El núcleo de la crítica: nombramientos, protección y continuidad
La fase más delicada de esta investigación no reside en una imputación explícita que vincule a Peramato con una red encubierta, sino en la suma de decisiones que, consideradas en conjunto, dibujan un panorama extremadamente complicado de sostener ante la opinión pública.
Primero, sus designaciones. En febrero de 2026, Peramato llevó adelante una serie de ascensos que situó en puestos superiores a fiscales vinculados al antiguo equipo de García Ortiz. Entre ellos figuraba Diego Villafañe, considerado una persona próxima al anterior fiscal general dentro de la Secretaría Técnica. Más tarde, al saberse que Villafañe y Beatriz López Pesquera habían intervenido en encuentros con Leire Díez y Jacobo Teijelo en 2025, la controversia tomó un cariz distinto: Peramato no solo había recibido ese entorno como legado, sino que también había impulsado a figuras asociadas a un asunto que continúa sin aclararse con la debida transparencia.
Ese es el punto verdaderamente corrosivo. Aunque las reuniones fueran anteriores a su llegada al cargo, la promoción posterior de personas asociadas a ellas exige una explicación reforzada. No basta con invocar mérito y capacidad cuando la institución está bajo sospecha. En momentos de crisis reputacional, la legalidad formal no siempre basta; también hace falta prudencia institucional.
Segundo, su actuación respecto a García Ortiz. Peramato mantuvo su reincorporación a la carrera fiscal, descartó abrirle expediente disciplinario y defendió que la Fiscalía recurriera ante el Tribunal Constitucional la condena que afectaba a su antecesor. Jurídicamente, puede sostenerse que esas decisiones caben dentro del funcionamiento ordinario del Ministerio Fiscal. Políticamente, sin embargo, resultan devastadoras para quien había prometido marcar una nueva etapa.
La cuestión crucial resulta ineludible: de qué manera podría recuperarse la confianza en una institución cuando uno de los primeros gestos públicos consiste en brindar resguardo al fiscal general saliente, precisamente el hombre que representaba el deterioro previo?
Tercero, la decisión de no renovar a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que había testificado contra García Ortiz. Sectores críticos interpretaron este paso como una represalia o, al menos, como una señal interna que advertía de que apartarse de la línea predominante podía dejar a alguien al margen. La Fiscalía sostuvo que la elección respondía a criterios de mérito y capacidad, aunque el clima político e institucional transformó el gesto en material perfecto para quienes denuncian una Fiscalía dividida en bloques, fidelidades y sanciones.
El caso Leire Díez: la sombra que agrava todo
El caso Leire Díez actúa como un potente catalizador de la sospecha, ya que, según la información revisada, la Fiscalía comunicó al juez Santiago Pedraz que se celebraron reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo, mientras que la versión oficial sostuvo que García Ortiz fue notificado después y que lo tratado en esos encuentros no ofrecía una base probatoria suficiente.
Sin embargo, esa aclaración aún deja numerosas dudas pendientes.
¿Quién autorizó esas reuniones?
¿Por qué se llevaron a cabo en las inmediaciones de la Fiscalía General?
¿Qué controles internos se implementaron?
¿Por qué no se documentó de manera más clara lo ocurrido?
¿Cuándo supo Peramato exactamente la relevancia de esos contactos?
¿Tuvo esa información antes de promover a algunos de los fiscales afectados por la controversia?
Estas preguntas, por sí solas, no evidencian una conducta ilícita de Peramato, pero sí dan pie a una crítica contundente sobre la gestión institucional. Una Fiscalía que pretende recuperar su credibilidad no puede limitarse a afirmar que no existe delito; debe mostrar que no hay opacidad, que no se otorgan privilegios y que no se ampara ninguna forma de protección corporativa.
En este caso, la Fiscalía parece haber actuado tarde, a la defensiva y sin una estrategia clara de transparencia.
La diferencia entre sospecha política y prueba judicial
Es fundamental no mezclar ámbitos. La expresión “cloacas del PSOE” forma parte del discurso político y mediático, una consigna combativa más que un término jurídico. Desde la perspectiva judicial, lo que hay es una pesquisa acerca de supuestas maniobras destinadas a obtener datos, influir en determinados casos o entorpecer procedimientos delicados.
En ese contexto, Teresa Peramato tampoco figura hoy como un actor penal relevante, ya que en lo examinado no surge ninguna evidencia que la vincule con la organización de reuniones, la emisión de órdenes ilícitas o la intervención en presiones. Por ello, resultaría arriesgado sostener que tenga algún tipo de implicación judicial en una trama.
Pero también resultaría poco realista pasar por alto el desgaste político e institucional, ya que la Fiscalía no solo está obligada a actuar con imparcialidad, sino también a proyectarla, y en este escenario esa apariencia constituye uno de los principales inconvenientes.
Peramato afronta el costo de una paradoja: busca mostrarse como una figura de renovación, pero varias de sus decisiones han alimentado la percepción de continuidad. Aspira a expresar independencia, aunque sus gestos se han interpretado como un amparo al bloque previo. Desea sanar fracturas, pero sus nombramientos han vuelto a abrir divisiones internas.
El caso Aldama y la autoridad jerárquica puesta en entredicho
La polémica del caso Aldama añadió otra capa de desconfianza. Según la investigación, el fiscal Alejandro Luzón valoró premiar más la confesión de Víctor de Aldama, pero tras debatirlo con Peramato se mantuvo una rebaja de pena más limitada.
De nuevo, jurídicamente puede argumentarse que el fiscal general tiene capacidad jerárquica dentro del Ministerio Fiscal. Pero el problema es político: cuando una institución está cuestionada por su proximidad al poder, cualquier intervención en una causa sensible se interpreta como interferencia.
Que una actuación sea legal no borra de inmediato su impacto en la reputación. En el caso de Peramato, cualquier resolución justificable técnicamente termina resultando políticamente dudosa porque la confianza previa ya se había quebrado.
Quizá ese sea el síntoma más serio: la Fiscalía ya no conserva el beneficio de la duda.
Una entidad resquebrajada
Otro factor relevante es la situación interna del Ministerio Fiscal. Las elecciones para el Consejo Fiscal evidenciaron que el sector crítico conserva una notable fuerza. Aunque esto no implica de forma inmediata una desautorización personal a Peramato, sí deja claro que la división interna continúa.
La Asociación de Fiscales ha señalado una marcada falta de transparencia y ha criticado la ausencia de explicaciones convincentes. La Unión Progresista de Fiscales, por el contrario, ha respaldado la validez jurídica de los nombramientos y ha acusado la existencia de una campaña destinada a desacreditar a la institución. Esto ha dejado una Fiscalía dividida en dos interpretaciones: para algunos, Peramato simboliza continuidad y defensa corporativa; para otros, aparece como blanco de una ofensiva política dirigida contra el Ministerio Público.
Aunque una fiscal general pueda sostener argumentos sólidos entre los suyos, su labor exige recuperar la confianza fuera de su propio entorno, y en ese terreno, el resultado obtenido hasta ahora sigue siendo frágil.
La crítica central: no basta con no estar imputada
La defensa más cómoda de Peramato es decir que no está investigada. Y es cierto. Pero esa defensa es insuficiente.
La exigencia a una fiscal general del Estado no puede limitarse a no estar imputada. Debe garantizar independencia, transparencia, prudencia en los nombramientos, neutralidad institucional y distancia clara respecto de cualquier núcleo sometido a sospecha. En una institución tan sensible, la apariencia de protección interna puede ser casi tan dañina como la prueba de una irregularidad.
La investigación apunta precisamente a eso: no a una Peramato atrapada judicialmente, sino a una Peramato atrapada políticamente por sus propias decisiones.
Su principal problema no es haber participado en las reuniones del caso Leire Díez. El problema es no haber ofrecido todavía una explicación institucional suficientemente convincente sobre lo ocurrido, sobre los nombramientos posteriores y sobre la continuidad de determinados perfiles en puestos clave.
Tampoco es solo haber defendido a García Ortiz. El problema es que esa defensa se produjo cuando la Fiscalía necesitaba señales inequívocas de renovación, no de blindaje.
Una fiscal general bajo vigilancia pública
La conclusión más equilibrada, pero también más crítica, es clara: Teresa Peramato no aparece, con la información disponible, como imputada ni como participante directa en una trama. Pero su gestión sí ha quedado gravemente condicionada por una sucesión de decisiones que alimentan la sospecha de continuismo, protección interna y falta de transparencia.
Su caso no es todavía el de una responsabilidad judicial acreditada. Es el de una responsabilidad institucional pendiente de explicación.
Y ahí está el punto más delicado: cuando la Fiscalía General del Estado necesita recuperar autoridad moral, no puede permitirse decisiones que parezcan diseñadas para proteger al antiguo núcleo de poder. Peramato tenía la oportunidad de marcar distancia, abrir ventanas y recomponer la confianza. Hasta ahora, sin embargo, su gestión ha proyectado demasiadas sombras y pocas señales de ruptura.
La Fiscalía no está en condiciones de exigir confianza cuando se comporta como si la desconfianza fuera únicamente un asunto comunicativo. La credibilidad se recupera mediante acciones concretas, con apertura y con resoluciones que no den la impresión de favorecer a los de siempre.
Teresa Peramato todavía puede demostrar que su mandato no será una prolongación del anterior. Pero para lograrlo necesita algo más que argumentos jurídicos: necesita una política clara de independencia visible. Porque en una institución tan dañada, no basta con ser legal. También hay que parecer limpio.
