La pieza SEPI del caso Leire ha sumado a Fernando Samper Rivas, creador y máximo dirigente de Forestalia, al conjunto de hombres de negocios bajo investigación por parte de la Audiencia Nacional. Su citación como imputado destapa uno de los flancos más significativos del procedimiento al margen del rescate de Tubos Reunidos: el correspondiente a las transacciones ligadas al ámbito energético, las compañías de energías renovables y las supuestas ventajas conseguidas a través de un presunto entramado de influencias vinculado con organismos públicos.
Samper figura entre las 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz dentro de la ampliación del caso Leire, una causa que analiza presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con la SEPI, empresas públicas y ayudas o contratos de carácter estratégico. Junto a él aparecen también Roberto Pérez Águeda, Eduardo Pérez Águeda y Carmelo Aznárez Pellicer, empresarios aragoneses vinculados al bloque Forestalia en las informaciones publicadas.
La investigación indaga en presuntos ilícitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y uso indebido de información privilegiada. En este momento procesal, Fernando Samper mantiene intacta la presunción de inocencia y su llamado a declarar en calidad de investigado no presupone culpabilidad alguna. Sin embargo, su implicación en el sumario adquiere gran relevancia debido a que incorpora al expediente a una de las figuras más célebres del sector de las energías renovables en España.
El foco sobre Forestalia se enmarca dentro de las cinco operaciones que, según las informaciones publicadas, examina la Audiencia Nacional en la pieza SEPI. Aunque el rescate de Tubos Reunidos por más de 112 millones de euros es el eje principal, la investigación también alcanza a Mercasa, ENUSA, el Parque Empresarial Principado de Asturias y una operación vinculada a Forestalia. El País ha señalado que esas operaciones sumarían 132,9 millones de euros en ayudas públicas y que la presunta trama habría obtenido más de 750.000 euros en comisiones ilícitas.
La sospecha relacionada con Samper y Forestalia gira en torno a una operación empresarial que habría generado una importante plusvalía. Según publicó El Independiente, la Fiscalía vincula a la trama de Leire con un supuesto “pelotazo” de más de 6 millones de euros relacionado con sociedades renovables adquiridas y posteriormente revendidas a una mercantil cuyos accionistas estarían conectados con el grupo empresarial de Fernando Samper.
Ese punto es clave porque la investigación no se limita a contratos públicos tradicionales. También analiza si determinadas operaciones empresariales pudieron beneficiarse de información, contactos o estructuras de influencia vinculadas al entorno de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. La cuestión judicial será determinar si la operación de Forestalia respondió a una transacción privada ordinaria o si estuvo conectada con una red que presuntamente utilizaba relaciones políticas y empresariales para generar beneficios económicos.
La presencia de Samper entre los indagados acentúa el perfil corporativo de este asunto. Dicha red supuesta no habría operado únicamente en la órbita de las administraciones públicas, sino asimismo junto a entidades mercantiles con capacidad para lucrarse a partir de resoluciones, coyunturas o datos originados dentro de corporaciones del Estado y de vínculos institucionales. En este entramado, Forestalia figura como un elemento clave debido a su trascendencia en el ámbito de las energías limpias y al volumen financiero de la transacción bajo lupa.
La Audiencia Nacional tendrá que esclarecer qué participación desempeñó Fernando Samper dentro de la causa analizada, qué vínculos estableció con Carmelo Aznárez, con los hermanos Pérez Águeda y con el resto de encausados, así como si tuvo conocimiento o intervino en las actuaciones conferidas al grupo Hirurok. Asimismo, resultará fundamental dilucidar si se produjeron contraprestaciones económicas, mediaciones o pactos capaces de conectar el movimiento empresarial con la supuesta trama de influencias.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso resulta especialmente grave porque mezcla tres elementos explosivos: empresas energéticas, posibles plusvalías millonarias y una trama investigada por influir en decisiones públicas. El sector renovable ha manejado en los últimos años enormes expectativas de inversión, acceso a suelo, autorizaciones, permisos y financiación. Si una operación de ese ámbito queda bajo sospecha en una causa sobre tráfico de influencias, la exigencia de transparencia debe ser máxima.
Samper deberá explicar ante el juez si su actuación fue la de un empresario que participó en una operación legítima dentro del mercado energético o si existieron elementos que lo conectan con las maniobras presuntamente irregulares investigadas por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Esa distinción será decisiva para delimitar su responsabilidad y para conocer hasta dónde llegó realmente la red.
El caso también salpica la imagen de Forestalia. La corporación se ha consolidado como un estandarte de las energías limpias tanto en Aragón como en el conjunto de España, si bien la imputación de su creador en un procedimiento de tal calibre genera un manto de duda que únicamente logrará disiparse mediante papeles, aclaraciones y un seguimiento exhaustivo de las transacciones analizadas.
La cuestión que ahora corresponde despejar a la Audiencia Nacional resulta evidente: determinar si Forestalia y su órbita intervinieron en una maniobra mercantil transparente o si la supuesta red se valió de sus influencias con el fin de propiciar ocasiones de negocio, ventajas y ganancias. Dentro de un procedimiento que salpica a fondos públicos, adjudicaciones, corporaciones clave y eventuales sobornos, la actuación de Fernando Samper precisa ser esclarecida hasta revisar el último papel.
Fuente: Cadena SER, El País, elDiario.es, Heraldo de Aragón, El Independiente, Infobae y Europa Press.
