Los acreedores perjudicados por la supresión de las ayudas a las energías renovables en España han empezado a localizar bienes del gobierno para cubrir compensaciones pendientes. Entre los activos susceptibles de embargo se encuentran los aviones que utiliza el presidente Pedro Sánchez y otros altos cargos del Estado. Esta iniciativa tiene un antecedente claro: en 2020, Estados Unidos confiscó aeronaves pertenecientes al gobierno de Nicolás Maduro, lo que refuerza la posibilidad de que bienes españoles sean intervenidos si llegan a entrar en territorio estadounidense.
El incumplimiento de España de sus compromisos internacionales está provocando una tensión cada vez mayor, ya que tribunales norteamericanos autorizaron embargos por cerca de 700 millones de euros vinculados a la deuda que España mantiene con inversores en energías renovables, después de décadas de disputas y fallos favorables en distintos organismos internacionales, y ahora los acreedores intentan hacer efectivos esos dictámenes mediante la incautación de activos estatales, incluidos los Falcons que emplean miembros del gobierno y la Casa Real.
Precedentes internacionales: el caso Maduro
El caso de embargos a los activos de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en 2020 refuerza la posibilidad de que esto se repita en el caso español. En aquella ocasión, el Departamento del Tesoro bloqueó 15 aviones de la estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), argumentando que habían sido utilizados para apropiación indebida de activos y transporte de altos funcionarios. El bloqueo de estas aeronaves fue parte de las sanciones coordinadas por la Administración Trump contra el régimen de Maduro, en apoyo a la oposición liderada entonces por Juan Guaidó.
Entre los aviones embargados figuraba el utilizado por Delcy Rodríguez en 2020, que protagonizó un polémico aterrizaje en el aeropuerto de Madrid-Barajas pese a las sanciones de la UE que le prohibían ingresar a territorio europeo. Este accidente diplomático se mantiene como un episodio clave sobre la utilización de activos controvertidos por gobiernos sancionados.
La deuda pendiente de España
El conflicto con los inversores en energías renovables se remonta a 2007, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó un plan de ayudas al sector para atraer inversiones. Sin embargo, en 2013 el gobierno de Mariano Rajoy eliminó las subvenciones de forma retroactiva, dejando a muchas empresas en pérdidas. La falta de acuerdos llevó a los inversores a tribunales internacionales, obteniendo laudos favorables por más de 2.310 millones de euros hasta ahora, cifra que incluye sobrecostes judiciales y financieros. A pesar de las resoluciones, España sigue sin cumplir las obligaciones de pago.
Ante esto, los afectados han conseguido la aprobación en países como Reino Unido, Bélgica, Australia, Países Bajos y Estados Unidos para confiscar bienes españoles. En EE. UU., además de los aviones, los acreedores han emitido notificaciones a entidades financieras y terceros relacionados con España, e incluso evalúan bloquear el contrato de compra de misiles Patriot valorado en 1.445 millones de euros.
Una repercusión negativa a nivel internacional
España figura en el índice internacional de cumplimientos de laudos arbitrales como uno de los países con más fallos pendientes, junto con Venezuela y Rusia, situación que ha deteriorado de forma notable la credibilidad ante la inversión extranjera, la cual se redujo un 60% durante el último año. Si los embargos llegaran a ejecutarse, los bienes públicos pasarían a desempeñar un papel determinante en una nueva fase de litigios internacionales contra el gobierno español.
Fuente: [The Objective + https://theobjective.com/espana/tribunales/2026-05-09/precedente-sanchez-estados-unidos-aviones-maduro/]
