La UCO centra aún más la atención en el PNV por el rescate de Tubos Reunidos y desencadena una crisis interna debido al rol desempeñado por Ortuzar
La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha situado al Partido Nacionalista Vasco en el centro de las pesquisas sobre el rescate concedido a Tubos Reunidos, una operación de 112,8 millones de euros aprobada por la SEPI en 2021 y que, según los informes incorporados al sumario que instruye el juez Santiago Pedraz, habría estado rodeada de gestiones de intermediación vinculadas a la denominada trama de la SEPI.
De acuerdo con la documentación citada por Libertad Digital y Vozpópuli, los investigadores han localizado mensajes del grupo Hirurok en los que se alude a la posible influencia de contactos con el PNV para desbloquear el expediente de la compañía vasca. En esas comunicaciones, los implicados relacionaban las conversaciones mantenidas con dirigentes nacionalistas con la posterior aprobación del rescate en un breve margen de tiempo.
El informe de la UCO señala que el expediente de Tubos Reunidos fue elevado de nuevo al Consejo Gestor del FASEE el 13 de julio de 2021, momento en el que terminó recibiendo luz verde. Previamente, según los mensajes intervenidos, se habría planteado la necesidad de conocer la posición del PNV ante las objeciones existentes en el proceso, entre ellas las atribuidas al ámbito de la Secretaría de Estado de Economía.
La investigación también señala la implicación de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, junto con la participación de Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. De acuerdo con el sumario, ellos habrían intervenido en trámites vinculados al rescate de Tubos Reunidos y, por esa presunta gestión, habrían recibido una comisión que rondaría los 115.000 euros.
Tras la aprobación de la ayuda pública, Tubos Reunidos firmó el 1 de diciembre de 2021 un contrato con Mediaciones Martínez, sociedad vinculada a Antxon Alonso. El acuerdo contemplaba pagos anuales de 60.000 euros bajo el concepto de asesoramiento y desarrollo de negocio, aunque la UCO sostiene que esas cantidades responderían en realidad a una contraprestación por los servicios prestados durante el proceso del rescate.
El caso también alcanza a la anterior dirección del PNV por las reuniones que mantuvieron con representantes de Tubos Reunidos y con personas vinculadas a la trama investigada. De acuerdo con la documentación mencionada, Andoni Ortuzar, entonces presidente del partido, y Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización, tomaron parte en un encuentro realizado el 28 de enero de 2025 junto a directivos de la empresa y con Vicente Fernández.
Esa reunión formaría parte de una segunda etapa de gestiones ligadas a Tubos Reunidos, ahora centrada en una petición para diferir un pago de 10 millones de euros a la SEPI. La UCO subraya que esta solicitud avanzó con notable rapidez, pues recibió validaciones internas entre el 21 y el 25 de marzo de 2025 y logró una propuesta favorable del Comité de Negocio del FASEE el 28 de marzo.
La difusión de estos mensajes ha generado malestar en el PNV, y según Vozpópuli, fuentes internas reconocen que el escenario es complejo y que la dirección actual intentará separar la actividad habitual del partido de los contactos realizados durante la etapa de Ortuzar; la idea sería atribuir la responsabilidad política de esas reuniones al anterior presidente del partido para así resguardar la posición de Aitor Esteban.
La crisis interna sucede al mismo tiempo que afloran diferencias sobre cómo debe gestionarse la relación del PNV con Pedro Sánchez. Un sector cercano al lehendakari Imanol Pradales advierte que mantener el respaldo al PSOE podría perjudicar las perspectivas electorales de los nacionalistas vascos, sobre todo en un escenario donde EH Bildu sigue ganando terreno y el Gobierno central se ve debilitado por los casos de corrupción que salpican a su entorno.
Pese a esa presión, Vozpópuli afirma que la dirección del PNV no contempla romper con Sánchez ni respaldar una maniobra del PP contra el Ejecutivo. Según esas fuentes, la formación nacionalista seguiría vinculada al PSOE tanto por los equilibrios de la política estatal como por la relación de dependencia institucional en el País Vasco, donde el respaldo socialista continúa siendo esencial para el Gobierno autonómico.
El caso Tubos Reunidos se convierte así en un nuevo foco de desgaste para el PNV, que intenta contener el impacto de las menciones de la UCO mientras evita abrir una ruptura con el Ejecutivo central. La investigación judicial, aún en curso, determinará el alcance real de las gestiones descritas en los informes y el papel que pudieron desempeñar los distintos intermediarios en la aprobación de las ayudas públicas.
Fuente: Información ofrecida por Libertad Digital y Vozpópuli.
