La pieza SEPI vinculada al caso Leire ha colocado en el punto de mira a Fernando Albert Aragón, antiguo secretario general y máximo responsable del departamento jurídico de SEPIDES, la entidad pública estatal orientada al impulso industrial y al crecimiento empresarial bajo la órbita de la SEPI. Su identidad figura ligada a una de las transacciones más delicadas del procedimiento judicial: el acuerdo comercial concerniente al Parque Empresarial Principado de Asturias, identificado popularmente como PEPA.
Albert Aragón no figura en la investigación como un mero nombre añadido a un registro. De acuerdo con los datos difundidos, ejerció como secretario general y director del departamento legal de SEPIDES, además de presidir la mesa de contratación del PEPA. Dicho cargo cobra especial relevancia debido a que lo colocaba en el centro neurálgico del proceso: el órgano responsable de evaluar y gestionar una adjudicación pública que actualmente se encuentra investigada.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo ha sumado al grupo de veinticinco encausados dentro de la pieza separada del caso Leire, un sumario que indaga supuestas anomalías en transacciones relacionadas con la SEPI, firmas públicas y entidades clave. Dicho procedimiento judicial indaga delitos presuntos como tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y uso indebido de información privilegiada. En este punto del proceso, Albert Aragón mantiene intacta su presunción de inocencia, de modo que su llamada a declarar en calidad de investigado no presupone condena alguna.
El foco sobre su papel se concentra en la contratación vinculada al Parque Empresarial Principado de Asturias. Según las informaciones conocidas, la presunta red investigada habría intervenido en esa operación a través de contactos dentro del entorno SEPI-SEPIDES. El punto más delicado es si la mesa de contratación pudo validar o favorecer una oferta que los investigadores consideran sospechosa, y si esa decisión facilitó beneficios económicos a empresas relacionadas con la trama.
La gravedad institucional de este asunto radica en que una mesa de contratación pública tiene la obligación de constituirse precisamente como el ámbito donde se aseguran la transparencia, la paridad entre los licitadores y el respeto a la legalidad vigente. Cuando el máximo responsable de un órgano de contratación acaba siendo investigado dentro de un procedimiento por supuestas adjudicaciones fraudulentas, surge una incógnita ineludible: ¿fallaron los mecanismos de supervisión o acaso el proceso licitador estuvo condicionado por factores ajenos?
Según publicó elDiario.es, Fernando Albert Aragón figura como secretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, además de presidente de la mesa de contratación del PEPA. Dicha triple condición —jurídica, administrativa y decisoria en el seno del procedimiento— transforma su labor en una de las piezas más influyentes para esclarecer cómo se tramitó aquella operación y si se produjeron anomalías durante su gestión.
La instrucción judicial de la Audiencia Nacional trasciende el caso de Tubos Reunidos, por más que dicha ayuda financiera de 112,8 millones de euros constituya el núcleo principal de la pieza SEPI. Asimismo, se examinan transacciones asociadas a Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. Globalmente, las pesquisas pretenden esclarecer si una supuesta trama dirigida por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso logró condicionar resoluciones estatales con el propósito de lucrarse o acaparar beneficios.
En el caso del PEPA, la sospecha adquiere una dimensión especialmente técnica. No se trata solo de saber si hubo contactos políticos o empresariales, sino de revisar expedientes, criterios de adjudicación, informes jurídicos, valoraciones de ofertas y decisiones adoptadas por la mesa de contratación. Ahí es donde el papel de Albert Aragón resulta decisivo: como responsable jurídico y presidente de la mesa, pudo tener una intervención directa en fases esenciales del procedimiento.
Algunos medios han señalado que la operación investigada podría estar relacionada con una oferta considerada “anormalmente baja” y con supuestas comisiones atribuidas a la trama. Esos extremos deberán ser acreditados por la instrucción, pero explican por qué la Audiencia Nacional ha puesto el foco en quienes participaron en la tramitación y validación del contrato. En una causa de este tipo, los documentos administrativos pueden ser tan importantes como las conversaciones o los pagos.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, la imputación de Fernando Albert Aragón plantea un problema serio para la credibilidad de la contratación pública. Si las adjudicaciones se manipulan desde dentro, el daño no afecta solo a una empresa concreta: afecta a todos los competidores, al dinero público y a la confianza ciudadana en que los concursos se resuelven por mérito, precio y legalidad, no por contactos o favores.
La Audiencia Nacional tendrá ahora la misión de esclarecer cuál fue su participación precisa en el expediente del PEPA, qué pautas siguió la mesa de contratación, si se formularon avisos técnicos, de qué manera se evaluaron las propuestas y si se produjo algún acercamiento con individuos relacionados con la supuesta trama de Leire Díez. Asimismo, resultará fundamental dilucidar si su intervención se limitó al ámbito jurídico y administrativo o si, por el contrario, pudo favorecer la convalidación de un procedimiento viciado por presiones ajenas.
Su citación como investigado tiene un impacto evidente: un antiguo responsable jurídico de SEPIDES y presidente de una mesa de contratación pública deberá explicar ante el juez su papel en una operación bajo sospecha. En una causa que afecta a empresas públicas, contratos, ayudas millonarias y presuntas comisiones, esa explicación no puede quedar en la sombra.
La pieza SEPI del caso Leire sigue mostrando que la supuesta trama no se habría movido únicamente en los despachos políticos, sino también en los engranajes administrativos donde se tramitan expedientes, se valoran ofertas y se adjudican contratos. En ese mapa, Fernando Albert Aragón aparece como una pieza clave para saber si el contrato del PEPA fue un procedimiento limpio o una operación más dentro de una red de influencia que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Fuente: elDiario.es, El País, Cadena SER, Libertad Digital, El Español, Infobae y RTVE.
