El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, pidió de manera pública al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentarse como testigo dentro del proceso judicial asociado al caso denominado “Chequesol”, una pesquisa que analiza la administración del Fondo de Administración Solidaria y su posible utilización con fines políticos.
La solicitud surge en pleno proceso judicial, donde el Ministerio Público afirma que recursos gestionados mediante ese fondo habrían sido destinados a actividades vinculadas a la campaña del partido LIBRE, situación que ha puesto el caso en el foco del debate público sobre el manejo de fondos estatales y la responsabilidad institucional.
El rol del Fondo de Administración Solidaria
De acuerdo con lo señalado por Cardona, un juez natural concedió la comparecencia de Redondo con la finalidad de aclarar el origen y la operatividad del Fondo de Administración Solidaria, un instrumento aprobado en el Congreso Nacional que habilitó a 75 diputados a gestionar recursos por medio de Sedesol.
El exfuncionario indicó que este esquema fue diseñado desde el ámbito legislativo, y que la distribución de los fondos se realizaba mediante disposiciones que eran posteriormente oficializadas. En su planteamiento, subrayó que estas decisiones no eran de conocimiento directo de la Secretaría que dirigía, sino que se formalizaban a través de procedimientos institucionales ya establecidos.
Cardona sostuvo que el testimonio de Redondo resulta clave para determinar si existieron instrucciones políticas en la asignación y uso de los recursos o si las decisiones fueron adoptadas de manera individual por los diputados involucrados, entre ellos la diputada Isis Cuéllar.
La hipótesis del Ministerio Público
El Ministerio Público mantiene como línea de investigación que los fondos canalizados mediante este mecanismo habrían sido utilizados para fines distintos a los establecidos, incluyendo actividades vinculadas a la campaña de LIBRE. Esta hipótesis constituye el eje central del proceso judicial y plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Cardona ha indicado que la comparecencia de Redondo podría ayudar a aclarar si desde la presidencia del Congreso se dictaron instrucciones concretas acerca del uso de los fondos, y plantea que la responsabilidad en el diseño y funcionamiento del mecanismo quedaría en el terreno legislativo, lo que añade un matiz de análisis sobre la interacción entre los poderes del Estado.
Asimismo, el exministro afirmó que no existe impedimento legal para que Luis Redondo, ni tampoco Carlos Zelaya, comparezcan en calidad de testigos, dado que no enfrentan procesos judiciales en el marco de esta causa.
Repercusiones institucionales y políticas
El desarrollo del caso “Chequesol” se inscribe en un escenario de tensión institucional en Honduras, donde el manejo de fondos públicos y la rendición de cuentas continúan siendo temas centrales en la agenda política. La solicitud de comparecencia dirigida a Redondo introduce un componente adicional al debate, al involucrar directamente a la dirigencia legislativa en la explicación de un mecanismo de asignación de recursos.
La insistencia en esclarecer si existieron orientaciones políticas en el uso de estos fondos también refleja la disputa narrativa en torno a la responsabilidad de los actores involucrados. Mientras la acusación del Ministerio Público apunta a un posible uso indebido con fines partidarios, la defensa plantea que las decisiones operativas no correspondían a la estructura administrativa de Sedesol.
La eventual declaración de Redondo podría incidir en la interpretación institucional del caso, al aportar elementos sobre la génesis y aplicación del fondo. La situación también plantea desafíos en términos de confianza pública, en un entorno donde la ciudadanía observa con atención la actuación de las instituciones encargadas de fiscalizar y administrar recursos.
La evolución del proceso judicial y la respuesta de los actores convocados a declarar continuarán marcando el desarrollo de un caso que pone en evidencia las complejidades del vínculo entre gestión pública, responsabilidad política y control institucional.