A medio año de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación difícil caracterizada por conflictos internos, denuncias de corrupción y una notable caída en el apoyo electoral. En un panorama político cada vez menos claro, el deterioro continuo del partido en el poder podría acabar con su mandato.
Fracturas internas y pérdida de cohesión
La elección de Rixi Moncada como la candidata oficialista dejó expuestas tensiones acumuladas dentro de LIBRE. La posterior renuncia del diputado Jorge Cálix, una figura con trayectoria dentro de la organización, evidenció la existencia de desacuerdos profundos sobre el rumbo político y el estilo de conducción del partido. Cálix, junto a otros dirigentes que también abandonaron la agrupación, denunció prácticas autoritarias y una cultura de exclusión.
En reacción, los líderes del partido organizaron manifestaciones en apoyo a la presidenta Xiomara Castro y a Moncada. Sin embargo, estas acciones no cambiaron la percepción de una organización debilitada; en cambio, varios grupos las vieron como esfuerzos para mantener el poder político en un contexto difícil.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La crisis se agravó con la revelación de presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde diputados afines al oficialismo fueron señalados por el desvío de fondos asignados a programas sociales. El caso más emblemático fue el de la congresista Isis Cuéllar, cuya suspensión fue anunciada junto con la cancelación de fondos sociales y una inédita medida: la renuncia colectiva del partido al fuero legislativo.
Pese a la contundencia aparente de estas decisiones, sectores opositores, en especial el Partido Nacional, las calificaron como maniobras simbólicas destinadas a desviar la atención. Según sus voceros, las acciones del oficialismo no han implicado sanciones reales ni investigaciones efectivas que garanticen rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y exhortos para detener el desgaste institucional
Las críticas no se han limitado solo al campo político. Desde el entorno empresarial, figuras destacadas han expresado su inquietud por la dirección del país. En una reciente declaración pública, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), acusó al gobierno de traicionar el mandato popular mediante acciones que, según él, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de fondos públicos y falta de claridad en casos destacados como SEDESOL, el fraude Koriun y denuncias sobre presuntos lazos con redes delictivas.
Facussé advirtió sobre el debilitamiento de la institucionalidad y llamó a la ciudadanía a defender el Estado de Derecho ante lo que consideró un intento de consolidar un modelo autoritario y financieramente insostenible.
Caída en los sondeos y rediseño del panorama electoral
Los sondeos de opinión más actuales muestran una disminución rápida de LIBRE en la preferencia electoral. Según la información recolectada entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha variado entre el 11 % y el 28.5 %, mucho menos que el 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la fluctuación entre sondeos, indica una base de votantes dividida y en búsqueda de otras opciones.
Simultáneamente, aspirantes de la oposición como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han avanzado, obteniendo respaldo con cifras que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las valoraciones públicas reflejan también el deterioro del gobierno: la presidenta Xiomara Castro tiene una calificación promedio de solo 4.1 sobre 10, en un escenario caracterizado por escándalos sin resolución y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva incierta para el partido en el poder
La actual coyuntura coloca a LIBRE frente a un desafío de gran magnitud. La combinación de crisis internas, deterioro institucional, pérdida de credibilidad y rechazo ciudadano ha debilitado su posición de cara a las elecciones generales. De mantenerse esta trayectoria, el oficialismo corre el riesgo de no solo perder el control del Ejecutivo, sino de ver comprometido el proyecto político que lo llevó al poder en 2021.
En este contexto, el resultado estará determinado por la habilidad del partido para reorganizarse internamente, abordar las demandas sociales y proporcionar soluciones concretas ante las acusaciones de corrupción. Si no lo logra, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.