La Casa Blanca se apresura contra el tiempo para rescatar su plan comercial, gravemente afectado después de la decisión del miércoles que revocó la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El Gobierno ha señalado que, si los tribunales inferiores no detienen la implementación del fallo, solicitará este mismo viernes al Tribunal Supremo que preserve las tarifas actuales sobre las importaciones, argumentando que su eliminación causaría «daños irreparables» para la economía y la seguridad nacional.
El veredicto constituye el contratiempo judicial más significativo para Trump desde el inicio de su segundo mandato. Los abogados han solicitado medidas cautelares en el Tribunal de Comercio Internacional y ante un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el documento de 124 páginas entregado este jueves, el gobierno advierte que, de aplicarse la sentencia, “los acuerdos exitosos con varios países podrían desintegrarse de inmediato”, aunque en realidad Trump no ha concretado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Planteamientos reiterados, sin nueva justificación
El Ejecutivo mantiene los mismos puntos defendidos durante el juicio: que los jueces carecen de autoridad para poner en duda la decisión presidencial de recurrir a leyes de emergencia para aplicar aranceles, y que hay casos anteriores —como el de Richard Nixon— que respaldan este tipo de acciones. No obstante, el fallo del tribunal examina exactamente ese antecedente y lo emplea para cuestionar la legitimidad de las acciones de Trump.
La petición dirigida al Supremo enfatiza que, sin una suspensión urgente, “incluso si se validan los aranceles en el futuro, el perjuicio ocasionado no podrá ser deshecho”. El Gobierno señala que podría enfrentar una reducción en ingresos fiscales, tener dificultades en negociaciones internacionales y estar sujeto a represalias comerciales.
El fallo: un revés para la táctica y la legalidad de Trump
El miércoles, el Tribunal de Comercio Internacional declaró de manera unánime que las amplias tarifas establecidas por Trump son ilegales, ya que se determinó que el presidente sobrepasó sus poderes constitucionales y contravino la ley al utilizar incorrectamente una legislación de emergencia.
La sentencia anula, entre otros, los aranceles del 25% a Canadá y México y del 20% a China, así como los polémicos “aranceles recíprocos” aplicados globalmente con la excusa de combatir el fentanilo y controlar la inmigración. Estas medidas, proclamadas en el llamado “Día de la Liberación”, fueron luego reducidas al 10% tras la presión de los mercados.
Conflicto político y legal
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha censurado severamente la decisión, tildándola de «abuso judicial» y señalando a «magistrados no electos» por interferir en las decisiones del Ejecutivo. «Estados Unidos no puede operar si un presidente observa cómo sus acuerdos son obstaculizados por jueces activistas», afirmó.
Stephen Miller, vicejefe de gabinete, fue aún más lejos: “Nos encontramos bajo una tiranía judicial”, publicó en Twitter el jueves por la noche.
Kevin Hassett, quien lidera el Consejo Económico Nacional, afirmó en Fox Business que cree en la posibilidad de que el fallo sea anulado en la apelación. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que está trabajando en un recurso sobre el tema central que aún no ha sido entregado.
Diferencias de pensamiento en el Supremo
El Tribunal Supremo, donde Trump tiene a tres magistrados de los seis que conforman la mayoría conservadora, podría convertirse en el árbitro final. Sin embargo, ese equilibrio ideológico no garantiza una decisión favorable. La sentencia anulada fue firmada de forma unánime por jueces designados por Trump, Reagan y Obama, lo que le otorga un peso institucional difícil de desestimar.
El gabinete respalda los aranceles
La seriedad del asunto llevó a cuatro integrantes del Gabinete a presentar testimonios oficiales ante el tribunal. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que la eliminación de los aranceles “debilitaría” pactos recientes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, alertó sobre el peligro de una interrupción de las negociaciones en marcha. El representante comercial, Jamieson Greer, teme una alteración en las condiciones de competencia. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, opina que el veredicto compromete la política exterior y la seguridad nacional.