La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha desestimado este martes el recurso con el que el PSOE aspiraba a recontar los cerca de 30.000 votos nulos en Madrid. El objetivo no era otro que recuperar un escaño que podría ser determinante para la investidura de Pedro Sánchez. De haberlo obtenido, habría bastado una abstención de Junts para dar inicio a un nuevo Gobierno de coalición liderado por el PSOE. La Junta Electoral de Madrid, la Junta Electoral Central, el Tribunal Supremo y la propia fiscalía del Tribunal Constitucional ya habían determinado que la solicitud de los socialistas no tenía fundamento alguno en derecho y, pese a todo, el PSOE decidió intentarlo. El recurso, que frisaba la extravagancia jurídica, en ningún momento podría haber prosperado a menos que hubiera mediado una prevaricación manifiesta. Que finalmente se haya desestimado esta solicitud no merma la gravedad de la acción emprendida.
Que el Partido Socialista se haya permitido sembrar dudas sobre las garantías de nuestros procesos democráticos da cuenta de hasta qué punto están dispuestos a sacrificar algunos principios básicos de la convivencia con tal de perpetuarse en el poder. Algo no debe ir bien en las negociaciones con los separatistas para que, a la vista de todos, el PSOE esté dispuesto a sacrificar su imagen de partido institucional. Cuestionar un recuento electoral sin motivos objetivos es una estrategia que sólo habíamos visto en populismos antidemocráticos de otras latitudes.
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