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La Propuesta de Ley de Reforma Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso diálogo en la nación, debido a las posibles consecuencias en la economía y la producción nacional. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se plantea como un mecanismo para luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación del estado. No obstante, su contenido y alcance han sido comprendidos de distintas maneras por diversos agentes económicos y sociales.
La propuesta contempla la eliminación de regímenes de exoneración fiscal, el aumento de la carga tributaria y la concesión de mayor discrecionalidad al Estado en la administración de incentivos económicos. Estas medidas han sido vistas por parte del sector empresarial como una señal desfavorable para la inversión y la producción, lo que ha generado incertidumbre y preocupación en el entorno económico hondureño.
Impacto en la inversión privada y el trabajo
Distintas organizaciones empresariales, cámaras de comercio y tanto inversores locales como internacionales han expresado que la ley propuesta podría tener un impacto negativo en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que la ley, en su versión actual, podría disminuir de forma notable los flujos de inversión extranjera directa. Asimismo, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial están considerando la opción de salir del país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía nacional.
Desde que el borrador de la normativa fue presentado, se ha informado acerca de la clausura de pequeñas y medianas compañías, concentrándose en mayor medida en los sectores de textiles, logística y exportación, operando previamente con exenciones tributarias. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir plantilla, aludiendo a la falta de certeza fiscal como uno de los motivos principales. Esta circunstancia amenaza con poner en peligro miles de puestos de trabajo y podría empeorar si el proyecto no sufre alteraciones o es paralizado. El COHEP también advierte que la economía podría enfrentar una desaceleración significativa en el año posterior a que la normativa entre en vigencia, y que el alza en el desempleo y la informalidad se convertirían en consecuencias ineludibles de su implementación.
Contexto regional, político y debate sobre la justicia fiscal
El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria también se desarrolla en un contexto regional y político particular. La eliminación de incentivos fiscales podría alejar a Honduras de las políticas que han permitido a países como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener regímenes de atracción de inversiones y estabilidad fiscal, considerados factores clave para su competitividad. Esta situación podría afectar la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desincentivando tanto a nuevos inversionistas como a los ya establecidos, quienes podrían optar por trasladar su capital a países con condiciones más favorables para el desarrollo empresarial.
La situación política e ideológica ha afectado la manera en que se percibe el proyecto, dado que ciertos grupos empresariales consideran que el mensaje oficial del gobierno se muestra antagonista hacia el sector privado y se asocia con enfoques económicos que han traído cambios fundamentales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una potencial modificación del modelo económico del país sin un esquema técnico o una proyección clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que las exenciones fiscales han facilitado la concentración de la riqueza, disminuyendo así la capacidad gubernamental para respaldar políticas públicas enfocadas en la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Conforme a cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se concentra en el 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % de las compañías restantes solo aprovechan el 8 % de estos beneficios. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado ha dejado de percibir 455 mil millones de lempiras a consecuencia de estos regímenes.
El proyecto no introduce nuevos impuestos ni incrementa las tasas existentes, sino que pretende cerrar brechas legales y aumentar la recaudación de impuestos directos a grandes empresas y patrimonios, con el objetivo de reducir la inequidad en el cobro de tributos. Sin embargo, la eliminación de regímenes fiscales históricos, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente durante 40 años, podría obligar al cierre de numerosas empresas que operan bajo este esquema. El COHEP ha señalado que la propuesta de garantía de convertibilidad inmediata al RIT podría ser interpretada como una medida que afecta la liquidez y sostenibilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un importante reto financiero
El debate en torno a la Reforma de la Legislación Tributaria sigue siendo un tema controversial y dividido. Mientras ciertos sectores opinan que puede establecer las bases para un sistema impositivo más justo y equitativo, otros alertan que su implementación podría empeorar la situación económica, incrementar el desempleo y causar la fuga de capitales. La resolución final en el Congreso Nacional será crucial para el futuro económico de Honduras en los años venideros.