Una investigación de un medio de comunicación ha colocado a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en una situación complicada. El martes, InSight Crime informó que en 2013, el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, sostuvo una reunión con influyentes narcotraficantes que ofrecieron grandes sumas de dinero para apoyar la campaña de Castro, quien en ese momento era candidata por el Partido Libre, para alcanzar el poder en la nación centroamericana. Aunque Castro no logró la victoria en esa ocasión, eventualmente ganó las elecciones y asumió la presidencia de Honduras en 2022. Al tomar el cargo, se comprometió a combatir el narcotráfico y la corrupción, con el objetivo de reconstruir lo que describió como una “tragedia nacional”. La mandataria reaccionó a la revelación este martes por la noche, a través de la televisión, condenando “cualquier negociación entre narcotraficantes y políticos” y denunciando un posible complot para “derribar su Gobierno”.
Carlos Zelaya es hermano de Manuel Zelaya, exmandatario de Honduras que fue destituido mediante un golpe de Estado, arrestado por las fuerzas armadas y enviado a Costa Rica en 2009. Según el informe de InSight Crime, Carlos Zelaya sostuvo encuentros con «algunos de los narcotraficantes más importantes de Honduras». El reportaje detalla que un video de 34 minutos, capturado por una cámara oculta en el reloj de uno de los narcotraficantes, muestra «imágenes y audio suficientemente claros» donde los traficantes recuerdan aportaciones anteriores, supuestamente hechas al exmandatario Mel Zelaya, esposo de Castro, hermano de Carlos, y fundador del Partido Libre. Según la investigación, los narcotraficantes «determinan cuánto van a contribuir colectivamente a Mel, un monto que confirman con Zelaya al llegar, antes de decidir cómo y cuándo entregar el dinero. Carlos también está involucrado en negociar el alquiler de hasta 10 vehículos para que el partido pudiera utilizarlos durante la campaña».
El cuñado de la presidenta reconoció que se desplazó hasta San Pedro Sula, una ciudad industrial situada al norte del país, atendiendo la invitación de un “grupo de empresarios” y mantuvo conversaciones con los traficantes, según informa InSight Crime. “No está claro qué motivó la confesión de Zelaya, pero la sorprendente admisión se produjo poco después de que InSight Crime conversara con alguien presente en la reunión. No obstante, Zelaya, quien también anunció su renuncia al Congreso, declaró que solo conocía a una de las personas presentes en el encuentro. Además, negó haber recibido dinero de los narcotraficantes”, señala el medio en su informe.
La presidenta Castro convocó el martes por la noche a una cadena nacional de radio y televisión para responder a la investigación periodística, denunciando un presunto complot para perjudicar su imagen y atacar su administración. “El plan para desestabilizar mi Gobierno socialista y democrático, así como el próximo proceso electoral, está en ejecución. Las mismas fuerzas oscuras internas y externas de 2009, con la complicidad de los medios corporativos tanto nacionales como internacionales, se están reorganizando en nuestro país para intentar dar un nuevo golpe de Estado, el cual debe ser rechazado por el pueblo”, declaró la presidenta.
Castro asumió el liderazgo de un país sumido en la violencia, dominado por peligrosas pandillas que controlan extensas zonas y colaboran estrechamente con grupos de narcotráfico. La presidenta había prometido implementar «medidas drásticas» para combatir la violencia que desangra a su nación y el verano pasado anunció una ofensiva conjunta entre la policía y el ejército contra las pandillas, similar a las estrictas acciones implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su lucha contra estas organizaciones delictivas, acciones que han sido fuertemente criticadas por entidades de derechos humanos. En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al Gobierno sobre el estado de excepción: “La seguridad no puede estar en manos del Ejército”.
La respuesta de la presidenta ocurre en un contexto de relaciones tensas con Estados Unidos, tras varios comentarios de la embajadora de ese país en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien acusó de “narcotraficantes” al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y al exministro de Defensa José Manuel Zelaya, hijo de Carlos Zelaya y sobrino de la presidenta, quien renunció la semana pasada debido a los supuestos vínculos de su padre con narcotraficantes. La presidenta Castro ha incrementado la tensión con Washington al decidir poner fin, el pasado miércoles, al tratado de extradición bilateral que mantenía con EE UU.
La reacción de la presidenta se da en medio de relaciones tensas con Estados Unidos, tras una serie de comentarios de la embajadora de ese país en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien acusó de “narcotraficantes” al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y al exministro de Defensa José Manuel Zelaya, hijo de Carlos Zelaya y sobrino de la presidenta, quien dimitió la semana pasada por los supuestos lazos de su padre con narcotraficantes. La presidenta Castro ha tensado más la cuerda con Washington tras decidir terminar el pasado miércoles con el tratado de extradición bilateral que mantenía con EE UU.
La revelación de InSight Crime abre muchos cuestionamientos sobre la influencia de los narcotraficantes en el Ejecutivo de Castro, quien asumió el mando del país tras el controvertido mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por un tribunal de Nueva York a 45 años de cárcel por narcotráfico. “El video es otra sorprendente prueba de la profundidad de la infiltración de los narcotraficantes en la clase política de Honduras. Confirma las antiguas sospechas de que el actual partido de Gobierno de Honduras, al igual que políticos como Hernández, no fue ajeno a la influencia del dinero del tráfico de drogas justo en el momento en que se intensifican las campañas para las elecciones de 2025″, analiza el reportaje de InSight Crime, firmado por los reporteros Jeff Ernst y David C. Adams.
El video, cuentan los periodistas en el reportaje, comienza con varios hombres conversando en la sala de una lujosa mansión. “Fue grabado en noviembre de 2013. En ese momento, Devis y Javier Rivera lideraban Los Cachiros, el más infame grupo de narcotraficantes del país, pero enfrentaban una ofensiva sin precedente de las fuerzas de seguridad en casa y en el extranjero. Hacía poco que Honduras había aprobado una reforma constitucional que allanó el camino para que sus ciudadanos fueran extraditados por acusaciones de narcotráfico”.
Así explican los periodistas cómo consiguieron la filmación: “En septiembre de 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a los Cachiros, y poco tiempo después, Honduras incautó millones de dólares en presuntas propiedades del grupo. Previendo una futura acusación por parte de Estados Unidos, y buscando poder negociar un posible acuerdo de cooperación con los fiscales norteamericanos, los hermanos Rivera comenzaron a grabar sus reuniones con narcos y políticos a través de cámaras espía”. InSight Crime recibió una copia del video en el que aparece Carlos Zelaya de una fuente “que pidió permanecer en el anonimato” y confirmó su autenticidad con otras fuentes que conocían ese documento. El video muestra que el familiar de los Zelaya pudo haber recibido más de medio millón de dólares de los narcotraficantes, a pesar de que él lo ha negado. “Toda la ayuda que le vamos a dar va para Mel… el compromiso con nosotros es Mel”, afirma uno de los narcos.
