En Honduras, un caso de lavado de dinero y narcotráfico que presuntamente involucra a miembros de la familia Zelaya ha permanecido archivado sin avances concretos desde 2012, cuando el Ministerio Público solicitó asistencia a la fiscalía colombiana como parte de sus investigaciones. Documentos judiciales obtenidos revelan que el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, junto a sus hermanos Marco Antonio y Carlos Zelaya, y su hijo José Manuel Zelaya Castro, fueron señalados por supuestos vínculos con actividades ilícitas y la adquisición irregular de propiedades.
El caso comenzó tras el golpe de Estado en 2009, en un contexto de crecientes investigaciones sobre el tráfico de drogas y el lavado de activos en la región. En 2010, las autoridades hondureñas incautaron bienes ligados al Grupo Fluir S.A. (Fluirsa), una empresa que, según la fiscalía hondureña, estaba vinculada a operaciones del crimen organizado. Entre los socios de Fluirsa figuraban Aldo Asfura Laca, un empresario acusado de lavado de activos, y Elmy Valladares Ruiz, vinculada al narcotraficante Sergio Neftaly Mejía Duarte, quien fue condenado en 2018 en Estados Unidos.
La conexión con los Zelaya comenzó a materializarse cuando se descubrieron propiedades en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía cuya compra irregular fue atribuida al expresidente y su entorno familiar. Además, una solicitud de asistencia legal dirigida a Colombia en 2012 incluyó grabaciones telefónicas que supuestamente relacionaban a Marco Zelaya con el desvío de cargamentos de droga en Honduras. En 2013, la fiscalía colombiana entregó a su contraparte en Honduras grabaciones y cientos de documentos, aunque hasta ahora no se ha procesado formalmente a los señalados.
Las propiedades incautadas en la zona central de Honduras, que incluían haciendas con helipuertos y cabezas de ganado, siguen aseguradas por el Estado, mientras los avances legales parecen ser mínimos. Hasta septiembre de 2024, ninguno de los implicados ha comparecido ante la justicia por este caso. A pesar de que los bienes permanecen controlados por el Estado, las investigaciones no han derivado en requerimientos fiscales contundentes contra los Zelaya, alimentando sospechas de encubrimiento.
Por otro lado, René Alfonso Rodríguez Valle, conocido como “Foncho”, aparece como otra figura esencial dentro del caso. Identificado por las autoridades como testaferro desde hace más de diez años, Rodríguez ha sido relacionado con inmuebles vinculados al narcotráfico y con movimientos financieros sospechosos que, de manera indirecta, habrían favorecido al expresidente Zelaya. Aunque ha enfrentado procesos legales de forma ocasional, logró recuperar algunos bienes que habían sido confiscados y su nexo con otros cabecillas del crimen organizado continúa bajo investigación.
El Ministerio Público de Honduras, dirigido ahora por el fiscal general Johel Zelaya, ha reiterado su compromiso de enfrentar la corrupción y el narcotráfico incluso dentro de las propias esferas de poder, aunque las relaciones entre los accionistas de Fluirsa y ciertas redes criminales vinculadas al expresidente todavía no se han traducido en medidas judiciales contundentes.
La ausencia de progresos en este caso evidencia lo difícil que resulta asegurar justicia en Honduras, donde la corrupción y las conexiones con el crimen organizado han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones, mientras que las comunidades más vulnerables siguen padeciendo los efectos de esta persistente impunidad.
Origen: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/09/25/ministerio-publico-engaveto-un-caso-sobre-lavado-de-dinero-y-narcotrafico-en-el-que-se-investigaba-a-miembros-de-la-familia-zelaya/])
