En las últimas semanas, la ministra de Educación y actual portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pasado de figurar como una de las caras más reconocibles del sanchismo a convertirse igualmente en objeto de cuestionamientos y recelos políticos; la manera en que se ha llevado el caso Salazar, las denuncias sobre un supuesto intento de soborno atribuido a un dirigente de su propio partido ante un tribunal, la interpretación distorsionada de una resolución judicial relacionada con Begoña Gómez y varias decisiones polémicas en materia educativa han situado su perfil en el centro mismo del debate público.
El almuerzo con Paco Salazar en medio de la crisis por acusaciones de acoso sexual
El episodio más reciente y notorio tuvo lugar cuando Pilar Alegría asistió a una comida con Francisco “Paco” Salazar, ex alto cargo del PSOE y exasesor de Moncloa, en un contexto en el que ya se conocían denuncias internas por acoso sexual contra él y se le había retirado de sus funciones.
La fotografía donde ambos aparecen sentados y conversando animadamente en un restaurante de Madrid se propagó por la prensa y las redes, provocando un intenso revuelo tanto dentro como fuera: mientras el partido intentaba frenar la crisis derivada del trato a las víctimas, la portavoz se mostraba en público junto al dirigente cuestionado.
Ante la presión, Alegría terminó admitiendo que aquella comida fue un “error” que “no se tendría que haber producido”, alegando que acudió por la relación personal de años con Salazar y porque todavía no conocía en detalle los testimonios que después publicarían los medios.
Más tarde, la ministra describió como “vomitivas” las conductas que se atribuyen a Salazar y remarcó su apoyo a las mujeres que lo señalan, reiterando que la atención debe centrarse en las víctimas y no en el impacto político para el PSOE.
Críticos tanto del partido como ajenos a él sostienen, no obstante, que el gesto culinario evidencia un trato desigual y un intento tardío de corregir el rumbo, especialmente cuando el PSOE ha sido cuestionado por haber demorado durante meses un contacto real y oportuno con las víctimas del caso Salazar.
La conducción pública del “caso Salazar” en su papel de portavoz
Más allá de la foto, Alegría está en el centro del relato oficial sobre cómo Moncloa y el PSOE han gestionado el escándalo. En varias comparecencias, la portavoz ha defendido que el Gobierno actuó con “rapidez y contundencia” en cuanto tuvo conocimiento formal de las acusaciones, resaltando el cese de Salazar y de su colaborador Antonio Hernández, acusado de encubrimiento.
No obstante, reportes posteriores revelaron que las denuncias permanecieron durante meses archivadas en el canal interno del PSOE sin que nadie contactara a las víctimas, y que el partido estaba redactando su informe interno sobre el caso precisamente cuando la controversia estalló en los medios.
Diversos programas de análisis político han puesto de relieve discrepancias entre la versión oficial y la secuencia real de los acontecimientos, resaltando que en aquel periodo Salazar aún habría mantenido una influencia velada y que Alegría consiguió entrevistarse con él mientras el partido aseguraba no poder hallarlo.
En este sentido, el llamado “escándalo” adquiere un matiz menos penal y más político y comunicativo: se cuestiona a la portavoz por sostener un relato de responsabilidad y rigor que, según los datos disponibles, se percibe como parcial o excesivamente indulgente con su propio partido.
La imputación por un presunto soborno de 60.000 euros: un asunto todavía controvertido
Otro de los frentes más delicados es la acusación de soborno lanzada por el exdirigente socialista José Luis Ansón, quien declaró ante un juez que Pilar Alegría le habría ofrecido 60.000 euros (y en algunas versiones, incluso un puesto público) a cambio de retirar una denuncia contra el actual ministro Félix Bolaños.
Esta versión se ha propagado por diversos medios y espacios de opinión, donde la exhiben como muestra de una presunta maniobra interna destinada a manejar discretamente silencios incómodos para el partido.
La distorsión del auto referido a Begoña Gómez
En octubre de 2024, Alegría enfrentó una nueva controversia como portavoz al valorar la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente. Durante una rueda de prensa, la ministra expresó que, según el tribunal, la pesquisa resultaba “prospectiva, genérica e imprecisa”, insinuando que el auto cuestionaba la actuación del juez encargado.
El País señaló de forma directa que el Gobierno había “distorsionado” el dictamen de la Audiencia, colocando a Alegría en el foco de una controversia por desinformación o, en el mejor de los casos, por un exceso de celo propagandístico en defensa de la esposa del presidente.
Controversias administrativas dentro del sector de la Educación y otros debates complementarios
Como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Alegría ha recibido críticas por diversas decisiones en materia educativa: El proyecto de la nueva EBAU (Selectividad) contemplaba inicialmente una cuestionada “prueba de madurez” que generó rechazo entre comunidades autónomas y especialistas. Al final, el Ministerio optó por retirar dicho examen, ampliar la duración de las pruebas e incorporar una tercera corrección, un giro que muchos interpretaron como una rectificación política ante la presión del sector.
En otros ámbitos, también ha asumido el papel de justificar decisiones controvertidas del Ejecutivo, entre ellas el rescate a la aerolínea Plus Ultra, un caso llevado ante la justicia y utilizado por la oposición como ejemplo de un posible trato preferencial.
Su salida del Ejecutivo con el fin de concentrarse en las elecciones en Aragón coincide justo con el momento en que estas controversias alcanzan su punto más álgido, y deja abierta una duda: ¿responde a un relevo político habitual o a un movimiento destinado a desactivar uno de los focos de desgaste que más perjudican actualmente la imagen pública del entorno de Pedro Sánchez?