El próximo martes concluirá la nueva ronda de consultas del Rey con los partidos políticos con representación parlamentaria, de la que muy probablemente saldrá designado Pedro Sánchez como candidato a la investidura, después de que fracasase la semana pasada, como estaba previsto, Alberto Núñez Feijóo, que obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra.
Y justo ese día, el Senado debatirá y aprobará, merced a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en la Cámara Alta, una resolución de los populares contra la amnistía, ante la que de nuevo tendrá que posicionarse el PSOE, como también ha ocurrido en parlamentos autonómicos y ayuntamientos. Todo ello mientras el propio Sánchez sigue sin pronunciarse en público sobre la principal concesión que le piden sus potenciales socios para permitirle revalidar su mandato.
La moción registrada por los populares manifiesta «su absoluta reprobación de toda negociación política destinada a la obtención de apoyos parlamentarios para la investidura como presidente del Gobierno que incluya, como contrapartida, la concesión de una amnistía, expresa o velada, o de cualquier forma de indulto o beneficio judicial, que de un modo u otro busquen favorecer a las personas encausadas por el proceso ilegal de secesión perpetrado en Cataluña».
Los senadores socialistas tendrán que votar sobre ese texto cuando probablamente Sánchez ya haya sido designado por Felipe VI candidato a la investidura, cuya materialización será imposible si no se aceptan las exigencias de Carles Puigdemont y de ERC, destacadamente ese olvido legal de los delitos relacionados con el referéndum ilegal del que este domingo se cumplen seis años y la posterior declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña en el año 2017.
Igualmente, la iniciativa llevada a cabo por el primer partido del Senado rechaza «todas aquellas modificaciones legislativas realizadas para beneficiar a los responsables del llamado ‘procés’, tales como la eliminación del delito de sedición y la reducción de las penas por malversación», proponiendo que se revierta la reforma exprés del Código Penal acometida el año pasado por el Gobierno de Sánchez como pago al apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado.
El último punto del texto que se debatirá y votará en el pleno parlamentario del martes apela a la condición del Senado como cámara de representación territorial, y lo hace para decir que «aboga por la inaplazable recuperación del consenso entre los grandes partidos de ámbito nacional en las decisiones que afecten sustancialmente a nuestro modelo autonómico de Estado y, en general, a la política territorial o al sistema de financiación autonómica, garantizando así el principio de igualdad y conciliando la diversidad con la unidad, y la autonomía con la solidaridad», concluye el escrito, que firma el exvicepresidente del Gobierno y portavoz ahora de su grupo, Javier Arenas.
