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El aumento del poder acumulado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha generado serias advertencias acerca de un posible avance hacia el autoritarismo en Honduras. Diferentes sectores tanto sociales como políticos han expresado inquietud sobre una serie de medidas recientes del gobierno que, según afirman, amenazan los fundamentos democráticos y el balance institucional de la nación. Estas acusaciones giran en torno a un modelo de gobierno que aparentemente está orientado a mantener la continuidad en el poder, en desmedro de los controles constitucionales.
Desde el Ejecutivo hasta la Asamblea Nacional, las acciones orquestadas para consolidar el dominio del partido en el poder han generado preocupaciones entre expertos, activistas de derechos humanos y opositores. La inacción del Ministerio Público ante casos cruciales también ha sido vista como un indicio de un ambiente que pone en riesgo la estabilidad del sistema democrático.
Indicadores que sugieren un desgaste institucional
Entre los elementos que alimentan las preocupaciones se encuentra el uso extendido del estado de excepción, aplicado de manera discrecional y sin justificación transparente. Esta medida ha limitado derechos civiles esenciales y ha sido cuestionada por organismos nacionales e internacionales. Paralelamente, se ha identificado un patrón de persecución política a través de discursos agresivos dirigidos contra empresarios, periodistas y actores opositores.
En el ámbito electoral, el retraso en el anuncio oficial de los comicios y la ausencia de progreso en la formación de órganos nuevos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se han percibido como esfuerzos de manipulación institucional. Además, se observa una retórica polarizante por parte del oficialismo, que acentúa las divisiones sociales y ha sido comparada con situaciones observadas en países como Nicaragua y Venezuela.
Respuestas y apelaciones por la protección democrática
La reacción fue inmediata. Grupos de la sociedad civil y miembros de la oposición han realizado llamados urgentes a la cohesión con el fin de evitar que Honduras se convierta en una democracia fallida. Maribel Espinoza, legisladora opositora, subrayó la importancia de procesos electorales justos y claros como base esencial de la república, insistiendo en que el cambio de poder es un requisito crucial para mantener la democracia.
Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como Naciones Unidas han empezado a mostrar preocupación por el empeoramiento continuo de las libertades públicas en el país. La combinación de instituciones intervenidas, un discurso que excluye y la falta de mecanismos efectivos de supervisión ha generado un entorno más adverso para la vida democrática.
Si la tendencia actual no se revierte, Honduras corre el riesgo de avanzar hacia un modelo autoritario consolidado, con consecuencias profundas para su vida política y social. El momento actual exige vigilancia ciudadana, articulación entre actores democráticos y compromiso con los principios constitucionales que garantizan la pluralidad y la participación.