El ambiente previo a las elecciones en Honduras está caracterizado por un aumento en la desconfianza hacia las instituciones, ya que se incrementan las acusaciones sobre la supuesta alteración de encuestas en beneficio de la candidata del partido en el poder, Rixi Moncada. Distintos grupos académicos, ciudadanos y políticos destacan un plan sistemático para crear una falsa impresión de ventaja electoral, empleando métodos estadísticos cuya transparencia es cuestionable. La polémica se centra en la empresa Opinómetro, una encuestadora que carece de un historial conocido y ha sido relacionada con personas próximas al gobierno.
Anomalías en los datos y dudas sobre la metodología
La proliferación de encuestas a favor de Moncada ha generado sospechas por inconsistencias técnicas evidentes. Según especialistas, los sondeos difundidos por Opinómetro presentan resultados dispares entre distintas plataformas, porcentajes que no suman el 100 % y omiten datos básicos como la ficha técnica, el tamaño de muestra o el margen de error. Estas prácticas, lejos de fortalecer el debate democrático, han sido interpretadas como intentos deliberados de influir en la opinión pública mediante una supuesta “ilusión matemática”.
Las variaciones de hasta 15 puntos porcentuales en comparación con investigaciones independientes refuerzan la teoría de una estrategia orquestada para aumentar el apoyo a la candidatura del oficialismo. Las críticas señalan que esta táctica no se debe a fallos técnicos, sino a una manipulación intencionada con objetivos políticos. Tanto redes sociales como plataformas académicas han sido el lugar de numerosas denuncias en este sentido, exigiendo un mayor control sobre la difusión de sondeos electorales.
Opinómetro y sus conexiones con organismos oficiales
El rol que ha desempeñado Opinómetro ha sido clave en este debate. Fundada en febrero de 2025, esta empresa de sondeos recibió sin demora el permiso del Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en las elecciones internas, a pesar de no contar con un historial público en evaluación de opinión.
El asesoramiento legal de la compañía ha sido un aspecto de discusión. Carlos Adolfo Medina Álvarez, quien es abogado de Opinómetro, también trabaja como consultor en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), una organización influenciada por el gobierno. Esta similitud ha sido vista por expertos y críticos como una señal de uso gubernamental para situar personas cercanas en el área de las encuestas electorales.
El continuo reporte de datos positivos sobre Moncada por parte de Opinómetro, sin una transparencia que pueda ser comprobada, afecta la confianza en el sistema democrático y fomenta la idea de que se busca emplear las estadísticas como medio de propaganda electoral.
Demandas de transparencia desde la sociedad civil y la oposición
Las reacciones no se han hecho esperar. Diversas organizaciones de la sociedad civil, catedráticos universitarios y partidos opositores han exigido la regulación estricta de las encuestas electorales, así como auditorías independientes que validen sus metodologías. Advierten que el uso de empresas sin respaldo técnico ni imparcialidad afecta directamente la integridad del proceso democrático.
Estas opiniones exigen que las encuestas que se encuentran en el ámbito público satisfagan requisitos básicos de transparencia, como la divulgación de su ficha técnica, el origen de la muestra y los criterios de selección aplicados. También piden una revisión del rol del CNE en la acreditación de estas firmas, indicando que su permiso a organizaciones sin historial acentúa la percepción de imparcialidad institucional.
La desconfianza que estas prácticas generan no solo afecta la campaña de una candidatura en particular, sino que compromete la legitimidad general del proceso electoral.
Un reto para la confianza en las instituciones
En un país donde la confianza en los procesos electorales ha sido históricamente frágil, las denuncias actuales colocan en el centro del debate la necesidad de mecanismos efectivos de fiscalización y transparencia. La controversia en torno a Opinómetro y el uso de cifras no verificables pone en evidencia un problema más amplio: la manipulación de datos como instrumento político y la ausencia de contrapesos institucionales robustos que la impidan.
Mirando hacia las elecciones de 2025, el sistema electoral en Honduras tiene el desafío de asegurar que la contienda se desarrolle en condiciones de igualdad y con datos confiables. En un entorno caracterizado por la polarización y la debilidad de los mecanismos democráticos, la autenticidad de la información es esencial para mantener la integridad del sufragio popular.