La divulgación reciente del Módulo de Inclusión Financiera, integrado en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de noviembre de 2024, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE Honduras) en conjunto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presenta un panorama detallado de la participación de los ciudadanos hondureños en el ámbito financiero formal. Este estudio, que incluyó 7,250 unidades familiares, representando a 26,576 individuos, suministra información altamente significativa acerca del acceso, uso y educación financiera, resultando particularmente pertinente en un periodo caracterizado por discusiones políticas en torno a la normativa crediticia.
Uso del crédito y factores determinantes
El informe demuestra que la utilización del crédito está directamente vinculada a los niveles de renta, incrementándose a medida que se avanza en los quintiles de ingresos. Esta tendencia se explica por elementos estructurales como la capacidad de pago, la demanda efectiva, el conocimiento de la oferta financiera, la educación financiera y la alfabetización digital.
La encuesta incluyó preguntas sobre la solicitud de préstamos en los últimos 12 meses, considerando diferentes fuentes: instituciones financieras, prestamistas informales, casas de empeño y comercios. Para quienes no solicitaron crédito, se indagó el motivo. Los resultados muestran que el 91,3% de las razones corresponden a la falta de demanda o a percepciones de riesgo: «No lo he necesitado», «No cumplo con los requisitos» y «Tomar un crédito es demasiado riesgoso». Por el contrario, la razón vinculada a estar inscrito en la Central de Riesgos, que ha sido citada en debates políticos, representó apenas 0,7%, un dato que indica su relevancia marginal dentro de las barreras de acceso al crédito.
Estos resultados difieren de las afirmaciones de figuras políticas, como la aspirante oficialista de LIBRE, quien ha sostenido que la Central de Riesgos restringe el acceso al crédito y ha planteado su supresión. Los datos estadísticos indican que las verdaderas barreras para el acceso financiero están más vinculadas a factores socioeconómicos, educativos y de ahorro, además de la percepción de riesgo generada por el entorno económico.
Inclusión financiera y comparativo regional
En cuanto a la intervención en el ámbito financiero, el estudio revela que el 42% de los habitantes mayores de 15 años posee algún tipo de cuenta bancaria o monedero digital. Esta cifra concuerda con los datos del Global Findex 2025 del Banco Mundial, que para Honduras en 2024 también indica un 42%, situando a la nación por debajo de países cercanos como Costa Rica (71%) o Panamá (64%). Adicionalmente, se percibe un descenso respecto a los indicadores anteriores a la pandemia de 2017, lo cual subraya las dificultades inherentes que afronta el país en materia de acceso a servicios financieros.
El análisis destaca que para expandir el acceso a préstamos y servicios bancarios, se necesitan estrategias fundamentadas en datos, tales como la formación en finanzas, el fomento del ahorro y la optimización del entorno empresarial. Cualquier acción que implique la supresión o alteración de los datos crediticios podría generar un deterioro institucional y aumentar los obstáculos para aquellos que aún no forman parte del sistema financiero formal.
Desafíos institucionales y contexto económico
El componente de inclusión financiera posibilita la detección de los puntos clave que restringen el crecimiento del crédito en Honduras. Dejando a un lado los debates políticos acerca de la Central de Riesgos, la disponibilidad y utilización del crédito se ve influenciada por la solvencia económica de las familias, la formación financiera y la evaluación del riesgo en un contexto caracterizado por la inestabilidad económica y una elevada tasa de empleo informal.
La evidencia recopilada por el INE Honduras, la CNBS y el BID ofrece un insumo valioso para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la participación financiera de manera segura y sostenible, evitando la adopción de medidas que no respondan a datos comprobables. El análisis de la encuesta confirma que la inclusión financiera es un proceso multifactorial, donde los ingresos, la educación y la planificación económica son determinantes más relevantes que la sola regulación del crédito.