La propuesta de la funcionaria Rixi Moncada, que busca suprimir la central de riesgos, ha provocado una extensa discusión política y económica en Honduras. Esta iniciativa, promovida por el partido LIBRE, surge en un periodo de considerable tensión institucional, caracterizado por la desconfianza hacia las entidades de control y la incertidumbre respecto a la dirección de la política económica.
Un esquema que evoca al correísmo en Ecuador
La propuesta de eliminar la central de riesgos ha sido vista por varios ámbitos como una potencial imitación del esquema puesto en marcha por el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien implementó una disposición parecida durante su gestión. En esa coyuntura, la supresión de los historiales crediticios formó parte de una táctica dirigida a reforzar el dominio del Poder Ejecutivo sobre el sistema financiero.
En el caso hondureño, la comparación ha reactivado alertas en los círculos bancarios y empresariales. Especialistas consultados advierten que una medida de este tipo podría alterar los mecanismos de supervisión del crédito, debilitando la transparencia y generando efectos adversos para la estabilidad económica. Según un analista regional, “es una receta para el desastre económico, ya vista en Ecuador con consecuencias devastadoras”.
Amenazas institucionales y sus repercusiones económicas
La central de riesgos representa una herramienta fundamental para valorar la solvencia dentro del ámbito bancario. Si se eliminara, las instituciones financieras dejarían de tener acceso al historial crediticio de los clientes, lo que, de acuerdo con los críticos, incrementaría el peligro de conceder créditos sin respaldo suficiente y daría lugar a potenciales acciones de impunidad financiera.
Voces del sector financiero señalan que suprimir este mecanismo sería equivalente a debilitar la rendición de cuentas en un área clave para la economía nacional. En esa línea, se ha advertido que una decisión de esta naturaleza podría generar incentivos para la manipulación política del crédito, afectando tanto la confianza de los inversionistas como la sostenibilidad del sistema.
Por otro lado, defensores de la propuesta dentro del entorno de LIBRE argumentan que el actual sistema financiero ha mantenido históricamente barreras de acceso para amplios sectores de la población. Sostienen que la eliminación de la central de riesgos permitiría democratizar el crédito y reducir la concentración del poder económico en manos de unos pocos bancos. Sin embargo, hasta el momento, la funcionaria no ha ofrecido detalles técnicos sobre cómo se garantizaría la estabilidad del sistema tras una eventual reforma.
Un dilema de gobernabilidad y transparencia
La controversia en torno a esta iniciativa se inscribe en un escenario de creciente polarización política, donde las tensiones entre el Ejecutivo, los sectores empresariales y la ciudadanía marcan la dinámica pública. Analistas sostienen que la discusión trasciende lo económico y se sitúa en el terreno de la institucionalidad democrática, al cuestionar los límites del poder gubernamental frente a los mecanismos de control financiero.
Mientras Rixi Moncada guarda silencio ante las críticas, el debate se amplía entre quienes consideran la propuesta un intento de blindaje político y quienes la ven como una oportunidad para redefinir la relación entre el Estado y el sistema bancario. En ambos casos, el punto central sigue siendo la necesidad de preservar la transparencia y el equilibrio institucional en una etapa de alta sensibilidad económica y política.
La discusión sobre la central de riesgos no solo plantea interrogantes sobre la dirección económica del país, sino también sobre la solidez de los contrapesos que sustentan la gobernabilidad democrática. En ese contexto, Honduras enfrenta el desafío de decidir si avanzará hacia una mayor concentración del poder o si optará por fortalecer los mecanismos de control que garantizan la confianza pública y la estabilidad institucional.