En el contexto de la organización de las elecciones generales de 2025, el partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) se enfrenta a críticas intensas provenientes de actores políticos, empresariales y sociales. Estos actores lo acusan de realizar acciones que ponen en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las acusaciones van desde obstrucciones a instituciones esenciales hasta intentos de influencia política sobre el organismo electoral.
Cuestionamientos al rol de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Uno de los temas centrales de disputa ha sido la suspensión del proceso de adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados con LIBRE obstruyeron la entrada a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando que las compañías ofertantes entregaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, declaró que estas acciones representan un ataque frontal al proceso electoral, señalando su efecto desfavorable en la confianza hacia la institucionalidad democrática. La interrupción del desarrollo del TREP no solo postergó la planificación electoral, sino que también fortaleció la idea de que se busca crear un ambiente favorable para alterar los resultados.
Además, se han señalado incidentes de coerción institucional por agrupaciones cercanas a LIBRE, incluyendo incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones públicas. Estos acontecimientos, en su totalidad, han sido vistos por facciones adversarias como parte de un plan destinado a socavar el funcionamiento independiente del CNE y posibilitar su posible manipulación política.
Peligros de acumulación de poder en el organismo electoral
La eventualidad de que los suplentes del CNE, cercanos al partido oficialista, asuman roles, si las consejeras actuales son inhabilitadas, ha generado preocupación entre figuras políticas que piensan que este reemplazo disminuiría la diversidad del organismo electoral. Desde el Congreso Nacional y foros de análisis han expresado que un CNE sin equilibrio podría comprometer la neutralidad del proceso electoral.
Algunas voces han solicitado la intervención de organismos internacionales para monitorear las decisiones institucionales relacionadas con el proceso y garantizar condiciones equitativas de competencia. También se ha denunciado un presunto uso instrumental de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para favorecer el alineamiento del CNE con los intereses del oficialismo.
Estas presiones han llevado a múltiples sectores a solicitar un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, frente a lo que perciben como un riesgo creciente para la integridad del proceso democrático.
Se señalan casos de información falsa y manejo del votante
Un aspecto adicional de crítica hacia LIBRE está relacionado con la publicación de encuestas que se consideran engañosas o manipuladas, mostrando una gran ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Diversas de estas encuestas han sido desmentidas por las propias empresas de sondeo, que han denunciado el uso inapropiado de sus nombres y técnicas.
La difusión de estas encuestas se ha entendido como un esfuerzo para influir en la opinión pública e introducir la noción de una victoria segura, lo que, según grupos opositores, intenta influenciar el resultado electoral y cuestionar la validez de una posible derrota. Estas acciones han ayudado a aumentar la desconfianza que envuelve al proceso electoral.
En un escenario ya caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización institucional, la difusión de información falsa se ha transformado en un elemento adicional de inestabilidad, con posibles consecuencias en la participación ciudadana y la aceptación de los resultados.
Un panorama preelectoral caracterizado por la falta de confianza
La conjunción de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y la circulación de información engañosa ha puesto al sistema electoral de Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las señales de una posible crisis en la gestión gubernamental ilustran la intensidad de los conflictos políticos en un entorno donde la estabilidad institucional está comprometida y las vías de acuerdo siguen bloqueadas.
Con menos de cinco meses para las elecciones generales, el escenario presenta importantes retos para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este contexto, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restaurar condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.