La designación de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea ha levantado voces críticas que reclaman una auditoría independiente sobre su gestión como ministra de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante su mandato, Ribera lideró decisiones clave en materia energética, medioambiental y de sostenibilidad, algunas de las cuales han sido duramente cuestionadas por su impacto en el precio de la energía, la falta de transparencia en las concesiones renovables, y la gestión de relaciones con grandes corporaciones del sector.
Agrupaciones ciudadanas, entidades profesionales y ciertos partidos de la oposición destacan que la falta de transparencia en estas cuestiones podría representar un conflicto de interés en su nueva función en la Comisión, en particular si se encarga de áreas que coinciden con decisiones anteriores como ministra.
“No se puede ignorar el hecho de que quien tomó decisiones polémicas a nivel nacional esté ahora en posición de influir en las mismas materias desde Bruselas”, afirmaron fuentes parlamentarias que piden comparecencias públicas y revisión de contratos adjudicados durante su etapa en el ministerio.
El otorgamiento de una licencia para operar como mayorista de hidrocarburos a la compañía Villafuel S.L. por el Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de Teresa Ribera, ha llamado la atención del sistema judicial y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La firma, asociada con Víctor de Aldama —uno de los principales implicados en el asunto Koldo—, recibió autorización para operar en circunstancias que, según la UCO, no cumplían con los requisitos legales. Además, Teresa Ribera ha admitido que sostuvo una reunión con él.
La autorización fue tramitada en apenas tres días, pese a que Villafuel ya había recibido informes negativos en tres ocasiones previas. El capital social de la empresa era de solo 15.000 euros, muy por debajo de los estándares habituales en este tipo de licencias, y su estructura operativa presentaba incongruencias documentales.
Según los investigadores, el ministerio firmó hasta tres resoluciones que beneficiaron directamente a esta sociedad. Además, informes de la UCO apuntan a la existencia de presiones a “altos niveles institucionales” para acelerar la aprobación del expediente, lo que ha derivado en que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, haya solicitado al Gobierno el expediente completo de la concesión.
En febrero de 2025, el Gobierno decidió desactivar definitivamente a la compañía Villafuel, después de verificarse su participación en acciones irregulares. El asunto continúa acumulando implicaciones políticas y administrativas, justo en un momento de especial delicadeza para Teresa Ribera, quien ha sido recién designada como vicepresidenta de la Comisión Europea.